Por Eduardo Castilla y Joaquín Ramírez
Hace pocas semanas decíamos que la fortaleza de De la Sota,
expresada en su capacidad de alinear a todo el régimen político provincial
detrás del “reclamo federal”, tenía sus puntos de falla. Entre ellos señalamos
especialmente la crisis de las finanzas provinciales, ligadas a la
desaceleración del crecimiento económico y a una estructura fiscal atada a los
intereses de las grandes patronales. En este post queremos abordar algunas
discusiones que van más allá de la coyuntura y dan cuenta de las características
estructurales del régimen político provincial y sus fortalezas y debilidades
para enfrentar la emergencia de sectores de la clase trabajadora.
El fantasma de las crisis pasadas
Como habíamos señalado, las finanzas provinciales son un
“eslabón débil” de la estructura de la provincia. Frente a la exigencia
impotente al gobierno nacional y partiendo de la negativa absoluta a tocar una
estructura fiscal al servicio de las patronales, el Gallego finalmente dio un
golpe de mano, usando las “peores formas”, “rompiendo códigos” con la
oposición, dejándola a paso cambiado cuando todos se sentían ya parte del
dichoso “cordobesismo”. Radicales y juecistas, con la boca abierta, no podían
creer lo que veían cuando el PJ aprobaba, con mayoría automática y veloz, policías
mediante, rodeando la desprevenida legislatura, el primer ajuste contra los
jubilados cordobeses.
Más allá de los dimes y diretes sobre los manejos previos a
la votación, la sanción de la ley y las posteriores movilizaciones, abren un
escenario distinto en la política provincial. Un aspecto que queremos analizar
acá son las fortalezas y los límites de un régimen marcado por crecientes
tendencias bonapartistas, ante un escenario de potencial incremento de la lucha
de clases. El choque con los gremios trae de vuelta los fantasmas de las
pasadas crisis políticas. Crisis donde la clase trabajadora cordobesa tuvo un
lugar protagónico, a pesar de la traición de sus direcciones sindicales.
Clase(s) dominante(s) y tendencias políticas
Si bien no puede hacerse abstracción del régimen político
nacional, es evidente que las particularidades provinciales existen como
producto del desarrollo político y económico, así como de los resultados de la
lucha de clases. Haciendo estas salvedades, podemos hablar de un régimen
político “cordobés”, democrático burgués con tendencias bonapartistas.
Podemos hablar de un régimen donde tiende a perfilarse la
“concentración de poderes en la dirección del estado (…) Todas las decisiones
políticas importantes están centralizadas en un único individuo dotado de
extraordinarios poderes de emergencia. Habla y actúa no como servidor del
parlamento, como el premier, sino en su propio derecho, como el «hombre del
destino» que ha sido llamado a rescatar a la nación en su hora de peligro mortal”
(ver acá)
Si bien no estamos ante la presencia de “poderes
excepcionales” y queremos ser claros en que los niveles de bonapartización del
régimen pueden ser categóricamente mayores que el actual, podemos decir que De
la Sota se ubica por sobre el conjunto de los “queridos cordobeses”, tratando
de mostrarse como el cabal representante de los intereses de la población. Su
“cruzada” por los fondos de la provincia y su defensa del “cordobesismo” son la
expresión en el discurso político de ese intento de abarcar al conjunto de la
representación política local anulando a la oposición. Un elemento de este
intento de construcción de un bloque ideológico, es el desarrollo del
“Cordobesismo” como una suerte de pseudo-ideología regionalista, federalista,
opuesta por el vértice a los intereses de Buenos Aires.
En Córdoba, la figura del gobernador es central y los
mecanismos de división de poderes quedan diluidos frente a este fortalecimiento
del ejecutivo, como se expresa en el papel semidecorativo de la legislatura, lo
que no implica que no juegue ningún rol. Por el contrario, cumple el papel de
legitimar las decisiones del ejecutivo. Sin embargo, en este último caso el
golpe de mano de De la Sota haciendo votar el ajuste a los jubilados, tuvo que
hacerse sin el consenso de la oposición, rompiendo las formas de agrupamiento
de todo el régimen político que intentaba el la política delasotista.
Para garantizar que no haya cortocircuitos en este
mecanismo, la reforma constitucional del 2001 modificó la anterior composición,
estableciendo la Unicameral e imponiendo un sistema donde cada departamento
tiene un legislador. Así, los departamentos tienen 26 legisladores propios que,
junto a los 44 elegidos por distrito único, le dan mayoría automática al
partido que tenga peso en el interior provincial. De esta manera, el PJ
extendió la hegemonía que tenía en el interior provincial a la legislatura,
mostrando un régimen más democrático en las formas, pero antidemocrático en el
contenido.
En 1931, alrededor de las discusiones sobre Alemania,
Trotsky escribía “Todo régimen pretende estar por encima de las clases,
salvaguardando los intereses del conjunto. Pero los efectos de las fuerzas
sociales no pueden determinarse tan fácilmente como los del terreno de la
mecánica. El gobierno mismo es de carne y hueso. Es inseparable de ciertas
clases y de sus intereses”. Tomando esta definición, podemos decir que la
figura de De la Sota es inseparable de las grandes patronales del campo y los
monopolios imperialistas asentados en la región, entre los que se encuentran
las automotrices o grandes empresas locales como Arcor. La política de este gobierno y la de los
anteriores, está estructurada bajo las directivas de esos sectores económicos.
Algunos de los grandes grupos (automotrices y Arcor entre
otros) que dominan la provincia remontan su historia a los años ‘50 y ’60,
atraviesan el conjunto de los regímenes políticos, incluyendo las dictaduras
militares y continúan reinando bajo los gobiernos radicales y peronistas tras
el retorno de la democracia. Tanto en uno como en otro régimen, siguen
obteniendo todo tipo de beneficios. De esta ligazón a los grandes monopolios
surgen precisamente las tendencias bonapartistas.
Dominación y dirección
Para agregar elementos a este análisis, tomemos a Gramsci
que señalaba que “La supremacía de un grupo social asume dos formas:
«dominación»» y «dirección moral e intelectual». Un grupo social es dominante
sobre grupos enemigos a los que tiende a «liquidar» o someter con la fuerza
armada, y es dirigente sobre grupos afines y aliados”. Si bien como ha señalado
Perry Anderson, las definiciones del marxista italiano tienden a una visión
dualista y ambivalente, que puede dar lugar a una gama de interpretaciones
(muy) amplia, creemos que algunos aspectos de esta definición pueden sernos
útiles para analizar ciertos rasgos de la forma de dominio burguesa en la
provincia.
Podríamos decir que el PJ ejerce una “función dirigente” en
tanto se basa en un sector de las masas del interior provincial, ligadas a los
intereses del agro, esencialmente de la producción de soja y los negocios
ligados. Decíamos hace poco que “A la producción a gran escala del poroto, del
cual Córdoba es la segunda productora nacional, se proponen ahora, sumarle un
plus de “industrialización”, que le dé “valor agregado” a la producción
agrícola, profundizando un esquema de acumulación capitalista con fuerte peso
en el campo” de la mano de Monsanto y las inversiones del polo biotecnológico.
En ese sentido y siguiendo nuevamente a Gramsci “El hecho de
la hegemonía presupone que se tienen en cuenta los intereses y tendencias de
los grupos sobre los cuales se va a ejercer la hegemonía (…) que aunque la
hegemonía es ético-política, también debe ser económica”. De allí podríamos
afirmar que De la Sota garantiza los intereses materiales de estos sectores,
basando en ellos su hegemonía en el interior provincial. La continuidad de los
altos precios internacionales de la soja, ayuda a la construcción de ese bloque
político y social.
Pero De la Sota no puede gobernar sólo con estos sectores y
tiene una política de afianzarse sobre fracciones de la pequeña burguesía
urbana y franjas más atrasadas de la propia clase obrera. Sobre esos sectores,
su discurso de defensa de la “familia”, haciendo honor al peso histórico de la
Iglesia Católica en la provincia, se combina con un discurso contra la juventud
y la libre sexualidad. Esto garantiza el alejamiento de cualquier sector que
pudiera haber tenido alguna ilusión con sus gestos “progresistas” de hace unos
meses.
Pero además, el PJ ejerce una “función dominante” sobre las
masas a través de dos mecanismos centralmente. Por un lado, a través del
crecimiento constante del aparato represivo que viene en ascenso en estos años,
duplicando la cantidad de efectivos y aumentando de manera exponencial sus
recursos, como muy correctamente denuncia Leticia Celli en este programa de
Giro a la Izquierda.
Parte de esa política, fue la elevación a rango ministerial
de la Secretaría de Seguridad y la designación de Paredes. Esta política se
refuerza con las modificaciones que viene imponiendo la legislatura, donde
crece el poder de fuego de una institución que cumple y ha cumplido un papel
central en el dominio provincial.
Por otro lado, como veremos, se apoya en una fuerte
burocracia sindical que ejerce un control al interior de los gremios de la
industria, cómo el caso de SMATA de manera policial, frenando la emergencia de
sectores de oposición que se consoliden y, al mismo tiempo junto con la
burocracia estatal, integrándose al gobierno, en el caso del primero con Dragún
como Ministro de Trabajo y en el segundo la UEPC con el ministro de educación
Walter Grahovac así como con el SEP con Pihen como legislador delasotista. En
el caso de los estatales hay que señalar que una obligada legalidad de las
oposiciones políticas permite que se exprese mayor disidencia incluyendo a
sectores combativos y clasistas. Pero con estos sectores, la crisis de las
finanzas provinciales, implica abandonar en gran medida la perspectiva de
lograr el apoyo de la clase trabajadora del Estado al gobierno.
La burocracia y el control de las clases peligrosas
La integración de las organizaciones obreras al estado ha
sido la política del peronismo desde siempre. En ese sentido, el delasotismo no
tiene nada de novedoso. Pero es peculiarmente importante el papel de esta
burocracia estrechamente ligada al estado en función del poder social de la
clase trabajadora de la provincia. Poder que se no solo ha sido históricamente
muy fuerte como se puede concluir de su tradición de lucha, sino que se
mantiene hoy como una enorme fuerza social que es dejada de lado en la mayoría
de los análisis de la provincia.
En ese sentido, y volviendo a Gramsci podemos decir que en
Córdoba hay una “relación de fuerzas sociales estrechamente ligadas a la
estructura, objetiva, independiente de la voluntad de los hombres, que puede
ser medida con los sistemas de las ciencias exactas o físicas. Sobre la base
del grado de desarrollo de las fuerzas materiales de producción se dan los
grupos sociales, cada uno de los cuales representan una función y tiene una
posición determinada en la misma producción. Esta relación es lo que es, una
realidad rebelde: nadie puede modificar el número de las empresas y de sus
empleados, el número de las ciudades y de la población urbana” (resaltado
propio).
En la industria metalmecánica se agrupan alrededor de 25 a
30 mil trabajadores que tienen en sus manos el poder de paralizar una de las
principales fuentes de ingresos de la provincia. En la industria alimenticia se
concentran sólo en Arcor, cerca de 5000 trabajadores en las cuatros plantas que
posee en la provincia. Los trabajadores de Luz y Fuerza, además de ser más de
2000 mil, tienen en sus manos el potencial para paralizar la energía de la
provincia, dejando por ejemplo sin luz a las enormes monopolios imperialistas.
Los trabajadores de la UTA ya mostraron su potencial estratégico hace pocos
meses como dijimos acá y esta semana lo hicieron nuevamente con un
impresionante paro de la empresa Ciudad de Córdoba de características
antiburocráticas, contra tres despidos que sólo pudo ser levantado con la
intimidación de un imponente operativo policial. A eso debemos sumarle las
decenas de miles de estatales que son poderoso factor político en la provincia
y que, a diferencia de los gremios de la industria, más allá de los avances y
retrocesos, mantienen una gimnasia de lucha en las calles que es un hándicap a
la hora de enfrentar ataques. En ese sentido, tomando la cita de Gramsci, esa
relación de fuerzas estructural es altamente favorable a la clase trabajadora
después de años de crecimiento económico.
Pero además, “la relación de las fuerzas políticas; es
decir, la valoración del grado de homogeneidad, autoconciencia y organización
alcanzado por los diferentes grupos sociales” también es favorable a las masas
trabajadoras. El derechismo político del régimen no está basado en grandes
derrotas como las que se vivieron a fines de los 90 con la crisis económica que
dejó a decenas de miles en la calle. Si bien ha habido retrocesos y fracasos en
luchas parciales de los últimos años, sobre todo entre los estatales y en menor
medida en la industria, no estamos frente a un retroceso a gran escala. Es esta
relación de fuerzas la que se expresó en la necesidad de una “maniobra” de De
la Sota, haciendo votar en la legislatura sin previo aviso. El Gallego montó un
escenario que evitara la acción preventiva de los gremios, la movilización y
posible represión, algo que hubiera traído a la memoria las imágenes de una
Córdoba ardiendo, como en el 2008, algo que sería un traspié en la carrera
presidencial pero además mostraría nuevamente la fuerza de miles de
trabajadores en las calles, alentando las tendencias a la acción directa. Pero
contradictoriamente, colocando a la burocracia ante “los hechos consumados”, no
le dejó más opción que la movilización como respuesta. Esto pone en escena la
debilidad de sus formas bonapartistas para enfrentar al poderoso movimiento
obrero de la provincia. En definitiva decimos que Córdoba no escapa de una
relación de fuerzas más general conquistada en estos años por el movimiento
obrero a nivel nacional que hay que enmarcar en el post 2001.
Crisis del “pacto social” en el gobierno
Ese poder de la clase obrera y esa relación de fuerzas están
en la base del poder político que acapara la burocracia. En ese sentido, desde
el punto de vista burgués, tiene “derecho” a
un ministerio como parte del aparato de control de las masas, con el
cual pretende ejercer el rol de “policía política” a escala provincial. De la
Sota es consciente de esto, de allí la creación del Ministerio de Trabajo y la
asunción de Dragún en el mismo. Pero esto puede llevarla a pagar un gran costo
político en la medida que estallen conflictos en la clase trabajadora.
En esta marco, y volviendo a la coyuntura, el ataque del
gobierno por la Caja obliga a las conducciones a responder, incluso a las que
son parte del oficialismo como Pihen del SEP. En esta respuesta se combinan
varias cosas. Por un lado, la necesidad de dar una respuesta a un ataque que si bien, es el “mínimo” como señalan los
medios, afecta uno de los sostenes de la burocracia al interior de las propias
organizaciones sindicales. En algunos gremios, entre los afiliados hay más
jubilados que trabajadores activos. En segundo lugar, un sector de las
conducciones está alineado con el gobierno nacional, por lo que pueden usar este
ataque para una estrategia de “desgaste” contra el delasotismo. El límite a
esto radica en que el programa del kirchnerismo ante la crisis de la Caja es
avanzar en un mayor ataque, imponiendo la “armonización” con la Nación, bajando
estrepitosamente las jubilaciones. En tercer lugar, se trata de conducciones
fuertemente cuestionadas entre sus bases, por lo que se ven obligadas a
responder para evitar un mayor prestigio, en la encrucijada de o perder mas
prestigio bajándose de la lucha y el peligro de dar aire a la oposición
combativa que se encuentra en su terreno que es la lucha.
De conjunto, parecen abrirse tendencias a mayores choques
entre las clases, donde la cuestión de la estrategia necesaria para forjar una
corriente clasista y antiburocrática de peso, será central en el próximo
período. A este tema dedicaremos otro post.
En apretada síntesis, lo que queremos plantear es que el
régimen político de Córdoba sostiene un poder ejecutivo de características
bonapartistas pero que mantienen las formas parlamentarias. Que este poder
político concentrado se asienta en una estrecha vinculación con una estructura
económica basada en fuertes grupos económicos ligados a la producción agrícola
como industrial y que es esa concentración la que le da una fisonomía particular.
También buscamos analizar que parte de esta concentración es la integración de
la burocracia sindical al gobierno, tanto en su forma ejecutiva como
legislativa, y la política policial de esta al interior del movimiento obrero
industrial. Sin embargo también aludimos a una relación de fuerzas más general
entre las clases fundamentales que no es de derrota de la clase obrera, lo que
le pone límites al mencionado bonapartismo de De la Sota dándole un carácter de
equilibrio inestable.
